Breve introduccion a los principios garantistas como fundamento para la creacion de un nuevo Codigo Penal venezolano.
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Resumen
La ineludible correlación que debe existir entre las leyes penales, exige la creación de un nuevo Código Penal para Venezuela que se corresponda con lo consagrado tanto en la Constitución Nacional de 1999, como el Código Orgánico Procesal Penal. Para ello, se analizará someramente la situación actual sistema penal venezolano, los principios constitucionales que deben sustentarlo y los principios penales como lineamientos indispensables para este nuevo Código cónsono con realidad venezolana actual y sustentado en la teoría del garantismo penal.
Palabras Clave: Principios, garantismo, derechos humanos.
Abstract
The unavoidable correlation which must exist between criminal laws demands the creation of a new criminal code for Venezuela which corresponds with the provisions of the National Constitution of 1999 and the Criminal Procedures Organic Code. In that regard, the present situation of the Venezuelan criminal justice system will be briefly analyzed, together with the constitutional and penological principles that should provide the essential basis for a new Code which is congruent with contemporary Venezuelan realities and founded on the theory of penal guarantees.
Key Words: Principles, guarantees, human rights.
Résumé
La corrélation qui existe salas doute entre les lois pénales, exige la création d'un nouveau Code Pénal pour le Venezuela en accord avec les articles consacrés aussi bien dans la Constitution Nationale de 1999 comine dans le Code Organique de Procédure Pénal.
Pour cela, on analysera de façon sommaire la situation du système pénal vénézuélien actuelle, les principes de la constitution qui doivent le sustenter et les principes en matière pénale en tant que linéaments indispensables pour la création de ce nouveau code pénal qui devra être également en consonance avec la réalité vénézuélienne de nos jours. Ce Code prendrait comine base la théorie du garantisme pénal.
Mots clés: Principes, code pénal, constitution nationale, code organique de procédure pénale, garantisme, droits humains.
Resumo
A ineludível correlaçâo que deve existir entre as leis penais, exige a criação de um novo Código Penal para Venezuela que se corresponda com o consagrado tanto na Constituição Nacional de 1999 como no Código Orgânico Processual Penal. Para isto, será analisada de forma geral a situaçâo atual do sistema penal venezuelano, os princípios constitucionais que devem sustentá-lo e os princípios penais como lineamentos indispensáveis para este novo Código harmônico com a realidade venezuelana atual e sustentado na teoria do garantismo penal.
Palavras chave: Princípios, código penal, constituiçâo nacional, código orgânico processual penal, garantismo, direitos humanos.
A brief introduction to constitutional and human rights principles as a basis for the creation of a new venezuelan Criminal Code.
Bref introduction aux principes des garanties comme fondement pour la création d'un nouveau code pénal vénézuélien.
Breve introdução aos princípios garantistas como fundamento para a criação de um novo código penal venezuelano.
Generalidades *.
Al sistema penal en general, se le ha atribuido como característica natural la de ser reproductor del fenómeno criminal. Esta idea lleva a la reflexión de que el mismo debe ser estudiado o debería decirse re-estudiado, ya que el sistema de administración de justicia ha sido, uno de los objetos de estudio predilecto de un sin número de ciencias del conocimiento relativas al área jurídica, de la cual la criminología no ha escapado. Sin embargo, el sistema penal no ha logrado dar respuesta satisfactoria a los problemas del control y prevención de la delincuencia, a los fines que las penas persiguen o pretenden en la acepción más teórica. Las prácticas viciadas han logrado la institucionalización de la violencia punitiva.
El Derecho Penal constituye el instrumento legal más enérgico con que cuenta el aparato estatal para proteger los bienes y valores más importante de la vida social ante las agresiones de las cuales no puede defenderse por otros medios. No sin razón se le ha considerado como un mecanismo de "violencia institucionalizada (Cárdenas, 2005:130).
Esta es una grave situación, ya que es sabido, que está fuera de toda discusión que corresponde exclusivamente al Estado el ius punendi. Habiéndose convertido el Estado en uno de los principales objetos de estudio de la criminología, cabría preguntarse, ante la inminencia de un nuevo Código Penal (CP), cómo sería esa nueva normativa que va a ser puesta en práctica por un Estado que se niega a ponerse a tono con las que deben ser las nuevas tendencias de un gobierno que se proclama como garantista, con lo cual los avances que se logren con la implementación del mismo serán verdaderamente superficiales desde el punto de vista material:
no existen dudas sobre la íntima vinculación entre el Derecho Constitucional y el Derecho Penal. De esa relación deviene la función esencial del Derecho Penal encaminada a proteger bienes jurídicos, que implica la defensa de intereses que una vez asumidos por el Ordenamiento Jurídico se denominan bienes jurídicos. Por otra parte, el Derecho Penal se pone de manifiesto y desarrolla en el Estado cuya esencia está condicionada por un conjunto de reglas jurídicas que legitiman su poder soberano ..." (Cárdenas, 2005: 130).
En 1998, la justicia penal en Venezuela experimentó un importante cambio tras la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), instrumento procedimental que consagraba el modelo acusatorio sustentado en el garantismo y el respeto a los derechos humanos. Con su promulgación, Venezuela se colocaba a la par de las más modernas legislaciones en la materia. Sin embargo, dicha reforma procedimental debió estar precedida de una sustantiva dado que ambos aspectos del derecho deben trabajarse armoniosamente.
Posteriormente, en 1999 y tras un proceso constituyente, se promulga una nueva Constitución determinada por la preeminencia en el respeto a los derechos humanos y en donde se consagran una serie de normas referidas a lo que debe ser la justicia penal en Venezuela.
No obstante, el CP venezolano, data de principios del siglo pasado y a pesar de que el mismo ha sufrido varias modificaciones, siendo la más reciente en el año 2005, es evidente, que los esfuerzos que durante estos años realizaron diversos sectores del acontecer nacional, han sido en vano, ya que, no es sino, hasta tiempos recientes cuando pareciera avizorarse en la plataforma jurídica venezolana la posibilidad de contar con un nuevo instrumento legal penal sustantivo, que responda a las nuevas tendencias e ideologías de la Venezuela actual. Aunado a lo anterior, el establecimiento real y progresivo de un Estado Social de Derecho y de Justicia conlleva a que el CP consagre dentro de su articulado tanto las garantías penales, como los diversos mecanismos consagrados por la Constitución Nacional de 1999 para la protección de los derechos fundamentales del ciudadano.
Es por todo lo mencionado anteriormente, que el presente papel de trabajo busca abordar desde la perspectiva criminológica la situación del sistema penal actual, a objeto de establecer tanto los principios constitucionales de corte garantista, como los principios propios del derecho penal que deben informar la creación de un nuevo instrumento penal sustantivo.
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- Situación actual del sistema penal en Venezuela.
Es sabido, tal y como lo afirma el autor Belisario (1999: 67), que el derecho penal es concebido como el instrumento mediante el cual el Estado no sólo da cumplimiento a uno de sus fines principales como es el mantenimiento del orden y la paz social, a través, de la solución de los conflictos de intereses que se suceden en el acontecer social, sino también como un conglomerado normativo que protege y avala los derechos y garantías consagradas a favor de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, al hacer referencia al sistema penal el primer elemento a ser tomado en cuenta lo constituye la ley penal en donde a pesar de la discusión doctrinaria generada en cuanto a cuál debe ser la finalidad de la misma o la utilidad de su existencia, existe un marcado consenso en la doctrina en cuanto a que, a pesar de sus fallas, la ley penal es uno de los instrumentos más significativos para el control social formal. Aunado a lo anterior, la ley penal, constituye un mecanismo idóneo para el mantenimiento del equilibrio social y en ciertos casos para la restitución de dicho equilibrio. Por lo tanto, es mediante su aplicación que se tutela la llamada paz social (Morales, Párraga y Fernández, 2005a: 95).
Por otra parte, el sistema penal venezolano en la actualidad, presenta como problema la dispersión de la normativa penal en un gran número de leyes especiales que ha llevado a lo que Aniyar (2003:42) ha denominado "la Inflación punitiva", lo que ha conllevado a la inseguridad jurídica que obliga a reformular tanto el cuánto, como qué criminalizar, lo que implica a su vez, a un debate axiológico en torno a la sobrevivencia de la especie humana, en condiciones históricamente versátiles, de calidad material y espiritual.
A este respecto, Gabaldón (2001: 29) sostiene que "desde el punto de vista jurídico, el Código Penal ha perdido el monopolio de la definición legal de los delitos". Y esto debe verse con preocupación, puesto que, se habla...
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