'Elecciones presidenciales venezolanas del 7 de Octubre de 2012 y su contexto político'.

Autor:Brandler, Natalia
Cargo:Ensayo
 
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Venezuelan presidential election of octuber 7th and its political Context

L'élection présidentielle vénézuélienne du 7 Octobre et son contexte politique

INTRODUCCIÓN

El 7 de octubre de 2012 tuvo lugar en Venezuela la elección que llevó por cuarta vez a la presidencia a Hugo Chávez Frías, en el cargo desde 1998. Durante los 14 años de su presidencia y previo a estas elecciones, se realizaron 12 procesos electorales, cuyos resultados sirvieron para que el presidente Chávez y sus alianzas políticas se convirtieran en una fuerza hegemónica que nunca perdió una elección nacional o legislativa. Bajo su mando, y el término "mando" describe bien a quien prefería ser llamado Comandante, el gobierno de Hugo Chávez fue derivando en una cada vez mayor concentración de poder, de falta de autonomía de los cuerpos legislativo, judicial y electoral y en este contexto se desenvolvieron los actores políticos y las instituciones claves de este proceso de elección presidencial. En el presente estudio, nos hacemos la pregunta de si bajo las condiciones en las que se realizaron las elecciones, era factible esperar un cambio político, o si el entorno institucional y político estaba tan sesgado que el resultado previsible era la continuidad del régimen.

De acuerdo a dos de los autores del modelo teórico del autoritarismo electoral o competitivo, (Schedler, 2002, 2006, 2010; Morjé Howard y Roessler, 2006), los regímenes "autoritarios electorales" tienen todas las características de los regímenes autoritarios: limitado pluralismo, restricción a los actores políticos de oposición, falta de transparencia en el uso de los recursos públicos o ejercicio del poder sin respeto a los límites legales (Linz y Stepan, 1996), pero a diferencia de estos convocan elecciones periódicas y multipartidistas. Sea con el fin de legitimarse ante la opinión pública nacional e internacional, sea porque no cuentan con los recursos de poder suficientes para imponer en forma autoritaria el monopolio del poder, o por la lucha de corrientes democráticas internas por frenar el ímpetu autoritario, estos regímenes concurren a elecciones e introducen con ello un cierto grado de incertidumbre respecto a los resultados del funcionamiento de las instituciones. Dada su vocación autoritaria, las elites dominantes intentan reducir al máximo el nivel de incertidumbre con el fin de mantenerse en el poder aún cuando para ello deban violar estándares democráticos mínimos.

Schedler (2010) identifica tres factores determinantes del grado de control sobre el proceso electoral: los intereses vitales de las élites en el poder, su capacidad coercitiva y el control de las instituciones y de los recursos económicos. Si las elites perciben que su integridad física o el bienestar económico y social que han acumulado gracias a su posición en el poder pudieran verse amenazadas por un cambio político; si además tienen a su servicio la capacidad de represión del Estado y están dispuestos a usarla para reprimir a sus oponentes, y si controlan las instituciones y tienen el monopolio de los recursos, entonces hay más probabilidades de que usen esos recursos e instituciones para reducir al mínimo la posibilidad de perder las elecciones. Morjé Howard y Roessler (2006) consideran que hay otros dos factores que pueden incidir en el resultado: la capacidad de movilización de los opositores a través de protestas coordinadas y la existencia de una coalición opositora. Adicionalmente, identifican un tercer factor: la no participación del gobernante como candidato, que puede facilitar la transición al abrir la competencia a nuevos aspirantes.

  1. CARACTERIZACIÓN DEL MODELO POLÍTICO VENEZOLANO

    A lo largo de los 14 años del mandato de Hugo Chávez, al modelo político venezolano se le caracterizó de diversas formas. (1) En año 2006, el reelecto presidente Chávez para el período 2007-2013, lazó su consigna "Patria Socialismo o Muerte" y propuso nuevas estrategias (2) para avanzar hacia el denominado "Socialismo del siglo XXI" y hacia la completa transformación de la estructura político-administrativa del Estado Venezolano consagrada en la Constitucional Nacional. Los análisis optimistas de quienes habían destacado el potencial democratizador del régimen chavista (democracia "participativa" de López Maya y Lander, 2006 o la "participativa y real" de Ellner y Hellinger, 2003, entre otros) o los de quienes señalaban que la calidad democrática del gobierno se había debilitado debido a la acentuación de sus rasgos personalistas y populistas (Hidalgo, 2002: Ramos Jiménez, 2002; Arenas, 2005; Levine y Molina, 2007), dieron paso a otros análisis que alertaban sobre la intensificación de los rasgos autoritarios del régimen. Se propusieron nuevas categorías como el "populismo autoritario" de Arenas y Gómez (2006), el "socialismo autoritario" de Maigon y Welsch (2009) o el régimen "híbrido", de acuerdo al término acuñado por Diamond (2002), un régimen que combinaría elementos democratizadores con tendencias autoritarias y que habría dado muestras de acentuar estas últimas por encima de las primeras. (Gómez Calcaño et al 2010).

    Estos modelos teóricos, adecuados para explicar el modelo venezolano hasta el año 2006, no describen sino parcialmente al régimen "autoritario electoral" o "autoritario competitivo", que se instaura en Venezuela a partir del momento en que el régimen se aparta aún más claramente de las reglas democráticas. Utilizando procedimientos formales electorales, como el referendo de 2007, el presidente pretendió cambiar 69 artículos de la Constitución vigente de 1999, incluyendo la reelección ilimitada, la ampliación de su mandato a siete años y la imposición del Estado Comunal, una nueva e inconstitucional ordenación territorial y política del país (3). A pesar de estar fuertemente controlado y sesgado, el gobierno perdió el referendo del 2007, pero esta derrota, lejos de poner en peligro la sobrevivencia del régimen y del poder nacional, por el contrario, le dio legitimidad presentándose como un gobierno democrático que "reconoce cuando pierde".

    No puede dejar de señalarse que un año previo a este referendo, en 2006, la Asamblea Nacional sancionó la Ley de los Consejos Comunales, en la cual se trasladan competencias de las Alcaldías a los Consejos Comunales, dando inicio a la creación de instituciones paralelas y distintas a las establecidas en la Constitución con el fin de establecer el Estado Comunal. Estas leyes fueron elevadas al rango de leyes orgánicas en el año 2009. Ese mismo año, el presidente logró que se convocara otro referendo Constitucional con el fin de solicitar la reelección, a pesar de que el tema ya había sido zanjado con el referendo anterior del 2007. Con una campaña corta y con ventajismo en el uso de los recursos del Estado, propuso que la reelección indefinida se aplicara no solo al presidente sino también a los cargos de gobernador y alcalde con lo cual logró el apoyo del 54,3% de los votantes y la posibilidad de presentarse como candidato en las elecciones de 2012. A partir de ese momento, Hugo Chávez se propuso la construcción del socialismo y la radicalización de la revolución.

    Otra ley hecha a la medida del partido de gobierno, el PSUV, fue la reforma de la Ley de Procesos electorales de 2009 bajo la cual se realizaron las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional en octubre de 2010. La ley permite a un solo partido obtener, con el 50% de los votos, las dos terceras partes (2/3) de la Asamblea Nacional. La ley sobrerepresentó a los votantes del PSUV concentrados en los estados menos poblados, mientras que los más poblados, que concentraban el voto de los partidos de oposición, quedaron sub-representados. (4) A pesar de ello, la oposición obtuvo 67 escaños de los 165, quitándole al chavismo la posibilidad de modificar leyes orgánicas, para lo que se necesitaban los 2/3. Lejos de respetar esta nueva correlación de fuerzas, en diciembre de 2010, justo antes de que los diputados electos ocuparan sus curules, la Asamblea Nacional saliente aprobó las Leyes del Poder Popular que, según el constitucionalista Brewer Carías (2010), definieron "el marco normativo de un nuevo Estado, paralelo al Estado Constitucional, que no es otra cosa que un Estado Socialista, Centralizado, Militarista y Policial denominado "Estado Comunal" (p. 129).

    El plan de gobierno proponía que para el año 2019 alrededor del 68% de los venezolanos vivieran en subsistemas de agregación de Comunas: Consejos Comunales, Salas de Batalla Social, Comunas Socialistas, Ciudades Comunales, Federaciones y Confederaciones Comunales. Sus funciones incluirían todos los aspectos de la vida política, administrativa, legislativa, económica, social y de seguridad del país, con el soporte de la milicia bolivariana como suerte de componente militar.

    El Estado Comunal, como señalan los abogados Fernández y Blyde (5) "es un fraude a la voluntad popular que lo rechazó en el referendo del 2007. No está contemplado en la Constitución porque propone una nueva forma de organización territorial con el objetivo expreso de debilitar los Estados y municipios. Varias comunas se agruparán en la ciudad Comunal; ésta y las demás ciudades comunales, en la confederación de comunas y varias confederaciones en el distrito motor. Habrá cinco distritos motor que no se corresponden con la actual división político-territorial y sus dirigentes serán nombrados por Chávez o su sucesor. Quienes coordinarán serán militantes del PSUV"

    Debe resaltarse que para darse estas reformas inconstitucionales, tanto el poder legislativo como los poderes judicial y electoral actuaron en forma sesgada a favor del ejecutivo y del grupo dominante pero encubrieron el abuso de poder con procedimientos en apariencia formales, lo que dificulta tildarlos de antidemocráticos. El modelo autoritario electoral...

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