Sistema penal y reforma legal en Venezuela: la tension entre el Estado constitucional y el Estado policial *.

AutorRosales, Elsie

Resumen

Desde las perspectivas jurídica y sociojurídica, se aborda la reforma parcial del Código Penal venezolano promulgada el 16/ 3/05, en tanto que la ley penal regula y delimita la administración de la más dura expresión del poder político: el poder punitivo, mediante el cual se desenvuelve el sistema penal. Ello supone considerar algunas de sus relaciones: poder político y ley penal, política legislativa penal y función simbólica de la legislación, ámbitos del sistema en los cuales se puede apreciar la interacción entre ley y sistema penal y el impacto de la reforma penal. En particular, se atiende a la asociación ideológico jurídica entre la ley penal confeccionada bajo las premisas del Derecho Penal máximo, expansivo o "del enemigo" y el desenvolvimiento del control penal propio del Estado Autoritario o Policial, marco jurídico y político de un sistema penal inhumano y bélico que lucha y se opone, por el otro lado, al Estado Constitucional propugnado constitucionalmente en Venezuela, el cual está asociado a un ideario democrático y humanista, que apuesta por el fortalecimiento de un sistema penal limitado y delimitado por la ley penal enmarcada en el desarrollo de los derechos y el respeto a las garantías.

Palabras clave: Ley penal, sistema penal, control penal, Estado constitucional, Estado policial, derecho penal del enemigo, derechos, garantías.

The criminal system and legal reform in Venezuela tension between the constitutional state and the police state.

Abstract

The approach to the 2005 partial amendement of the Venezuelan penal code is made from the legal and socio-juridical perspectives, inasmuch as the criminal law regulates, and sets the limits to, the administration of the hardest expression of political power: the punitive power, the environment of the criminal system. This calls for consideration of some of its relations: political power and criminal legislation, criminal legislative policy and the legislation's symbolic function; areas of the system in which one may appreciate the interaction between statute law and criminal system and the impact on the criminal law reform. In particular, attention is brought to the juridical ideological association between criminal statute law drafted under the premises of maximum criminal law--that of "the enemy"--and the evolvement of the criminal control of an Authoritarian or Police System, the legal framework of an inhuman criminal system betting on the strengthening of a criminal system limited and bound by statute criminal law within the framework of the development of human rights and respect for guarantees.

Key words: Criminal statute law, criminal system, criminal control, constitutional state, police state, criminal law of the enemy, rights, guarantees.

Le système pénal et la réforme légale au Venezuela : La tension entre l'État constitutionnel et l'État policier.

Résumé

Du point de vue des perspectives juridiques et socio--juridique, on aborde la réforme partielle du Code Pénal vénézuélien, promulguée le 16 mars 2005, puisque c'est la loi pénale qui régule et délimite l'administration de l'expression la plus dure du pouvoir politique: le pouvoir punitif, à partir duquel se déroule le fonctionnement du système pénal. Cela suppose la considération de certaines de ses relations : pouvoir politique et loi pénale, politique législative pénale et fonction symbolique de la législation, cadres du système au sein desquels on peut apprécier l'interaction entre la loi et le système pénal, ainsi que l'impact de la réforme pénal. Tout particulièrement, on répond à l'association idéologique et juridique entre la loi pénale élaborée sous les prémisses du Droit pénal majeur, droit expansifou droit >, et le déroulement du contrôle pénal appartenant à l'État Autoritaire ou Policier. Il s'agit d'un cadre juridique et politique qui correspond à un système pénal inhumain et de guerre, qui lutte et qui s'oppose, d'autre part, à l'État Constitutionnel préconisé par la Constitution au Venezuela. Ce dernier, lié à un idéal démocratique et humaniste, qui parie pour le renfort d'un système pénal limité et délimité par la loi pénale encadrée dans le développement des droits et le respect des garanties personnelles.

Mots Cléfs: Loi pénale, système pénal, contrôle pénal, État constitutionnel, État policier, droit pénal de l'ennemi, droits, garanties.

Sistema penal e reforma legal na Venezuela: a tensão entre o Estado consitucional e o Estado policial.

Resumo

Das perspectivas jurídica e sócio jurídica, aborda--se a Reforma Parcial do Código Penal venezuelano promulgada em 16 de março de 2005, enquanto que a lei penal regula e delimita a administração da mais dura expressão do poder político: o poder punitivo, através do qual se desenvolve o sistema penal. Isso supõe a consideração de algumas das suas relações: poder político e a lei penal, política legislativa penal e função simbólica da legislação, âmbitos do sistema nos quais pode-se observar a interação entre lei e sistema penal e o impacto da reforma penal. No particular, atende-se a associação ideológico-jurídica entre a lei penal produzida sob as premissas do Direito Penal máximo, expansivo ou "do inimigo" e o desenvolvimento do controle penal próprio do Estado Autoritário ou Policial, contexto jurídico e político de um sistema penal inumano e bélico que luta e se opõe, por outra parte, ao Estado Constitucional propugnado constitucionalmente na Venezuela, que está associado a ideais democráticos e humanistas, que apostam pelo fortalecimento de um sistema penal limitado e delimitado pela lei penal contextualizada no desenvolvimento dos direitos e o respeito às garantias.

Palavras chave: Lei penal, sistema penal, controle penal, Estado constitucional, Estado policial, direito penal do inimigo, direitos, garantias.

  1. -- Seguridad versus libertad en las políticas penales: las reformas penales actuales.

    La vieja tensión entre libertad seguridad (1) se actualiza cada vez que las políticas públicas contra la criminalidad anuncian medidas: se trate de una ley penal o de un operativo policial masivo. En el lento pero anhelado camino hacia la sociedad democrática, ganar espacios para el cada vez más pleno ejercicio de las libertades públicas y en consecuencia, para el disfrute de los derechos humanos, se tropieza con la "emergencia" generada por problemas, reales o construidos, coyunturales o permanentes que aquejan y preocupan a la sociedad o, al menos, tienen la capacidad de atemorizarla, al extremo que presa de miedo, reclame mano dura contra el hampa o esté dispuesta a ceder libertades y derechos para protegerse: para ganar "seguridad".

    Lo que generalmente no tiene claro la comunidad atemorizada debido a la construcción o sensibilización ante los miedos --reales, construidos o tergiversadoses que el incremento ale la represión no forma parte de una ecuación que se traduzca en una disminución ale la criminalidad por ello, en mayor seguridad. La realidad es otra nada alentadora: cuando la política penal es pura represión espasmódica que no está articulada a la construcción de una política pública de protección de los derechos y libertades, sino que obnubilada por la "emergencia" arremete con operativos policiales y otras medidas efectistas que alardean la presencia en la calle de fuerzas policiales y hasta militares, lo que se obtiene es una "disminución" artificial de los indicadores de delincuencia selectivamente marcados, pero nada que repercuta en un verdadero alivio para la comunidad.

    Dentro del bagaje comúnmente recurrido por el poder punitivo de los Estados, se presenta un catálogo de medidas efectistas que incluyen reformas legales completamente desarticuladas de lo que sería una política legislativa democrática, pero que no obstante, persiguen aliviar a la comunidad haciéndoles "sentir" que se está haciendo algo, aunque para nada se haya evaluado científicamente la realidad para pronosticar el impacto de la reforma. Leyes que se anuncian sin preguntarse si efectivamente son capaces de coadyuvar en la difícil tarea de controlar problemas tan complejos como la delincuencia y violencia delictiva o si, por el contrario, el aumento del poder punitivo y con éste, el de la violencia emanada de las instancias gubernamentales encargadas de aplicarlo, puede paradójicamente aumentar la cresta de violencia que aqueje a la sociedad. Con lo cual, el efecto criminógeno producido por el aumento de la represión penal, debe ser medido por todo Estado que se estime democrático como parte del balance necesario para adelantar cualquier política pública en el área.

    Lamentablemente, en el comportamiento casi estandarizado en Occidente de las instancias gubernamentales encargadas de brindar leyes penales, prevalece la convicción de que esta función simbólica de la ley penal puede brindar rentabilidad política, aunque sea coyuntural en medio de un ambiente político social signado por la inmediatez: la gente puede tranquilizarse o "sentirse" más segura, con prescindencia de la seguridad real. De hecho, algún sector u operador político puede ganar protagonismo público si ofrece la "solución mágica" de una ley salvadora que "al aumentar las penas y las incriminaciones" protegerá a la comunidad atemorizada del asecho delictivo. Otros, pueden buscar la solución mágica en la ley penal sencillamente porque muy a pesar de sus muy buenas intenciones no han tenido la oportunidad de reparar en las dificultades que conlleva.

    Algunos datos de esta descripción general pueden aportar elementos claves para evaluar la política penal que, como decisión política democrática se deba adoptar, sobre todo, ante la lamentable constatación de que en Occidente --para referirse a un entorno delimitado con variables comunes-- la tendencia parece ser hacia la maximización del control penal aun en desmedro de las libertades públicas e incluso, hacia un aumento de la represión que incluye la militarización de los conflictos internos y alcanza el...

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