XI Encuentro del grupo de exbecarios Bolonia-Castilla-La Mancha-Turín. 23-25 de septiembre de 2002. Informe Nacional. Seguridad Social
| Autor | Luis Eduardo Díaz |
| Cargo | Universidad del Zulia |
| Páginas | 101-129 |
XI Encuentro del Grupo de Exbecarios Bolonia-Castilla-La Mancha-Turín
23-25 de septiembre de 20021
Informe Nacional
Seguridad Social
Luis Eduardo Díaz
Universidad del Zulia. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Apartado Postal. 10.432. Maracaibo-
Venezuela. E-mail luisediaz@telcel.net.ve
1. Introducción
1.1. Contexto Internacional de la Discusión
A finales del siglo XIX, la seguridad social se concibió como un instrumento de intervención estatal, aunque
con un radio de acción limitado a los seguros sociales, hasta que en la década de los 40 se transforma en
palanca de promoción del bienestar, proveyendo un ingreso calculado según las rentas anteriores y nunca
inferior a un mínimo. Este rasgo expansivo de la organización social que no es sólo del trabajo sino también
de la sociedad, está en crisis. Y más de las veces el rasgo que sobresale es el de la preservación o defensa de
lo alcanzado.
El momento expansivo, estuvo alineado a la planificación económica, ejemplificado desde mi punto de vista,
en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) No. 102 de 1952, sobre norma mínima;
el número 121 de 1964, sobre accidentes y enfermedades profesionales; el 128 de 1967, sobre invalidez, vejez
y sobrevivencia y el 130 de 1969, sobre asistencia médica.
El período defensivo, que intenta preservar lo conquistado, se desarrolla a partir de los 80. Las materias a las
que se refiere esta etapa histórica, son las de la seguridad y salud en el trabajo, en el convenio 155 de 1981 y
el convenio 157 sobre la conservación de los derechos previsionales de 1982. En este período, el Estado en
América Latina entra en crisis debido a que su modelo interventor y sustitutivo de importaciones no se
expande, al fracasar el concepto de Estado empresario y por la sola transferencia de capital no productivo al
sector privado. Ello a la larga, contribuiría a profundizar la crisis de los seguros sociales, provocando las
primeras preocupaciones y en Chile la primera reforma2.
Y es que la historia de la seguridad social en América Latina ha sido una historia de incumplimientos de las
tasas de reemplazo de ganancias anteriores; del patrón de universalidad y del reparto de la renta de modo
equitativo. A raíz de ello, en Chile a partir de 1980, se disuelve el régimen público de reparto colectivo de los
ingresos de la seguridad social, por un sistema privado de capitalización individual. Podemos decir, con la
condición de retomar el asunto luego, que 3 resultados ha obtenido esa reforma: El control de calidad de los
servicios, el menor tiempo para tramitar la afiliación y pagar pensiones más altas. Pero desgraciadamente,
sigue sin resolverse temas y problemas esenciales y relevantes, algunos de los cuales, los abordaremos cuando
evaluemos los resultados de la previsión privada bajo la supervisión del Estado, la que no todos comparten
por diferentes razones, y donde cada cual tiene algo que decir o aportar como experiencia.
A su vez, la igualación de los desiguales se plantea resolver sobre la base de dos modelos que se relacionan
con los arriba descritos: Uno de ellos, el más común; es el modelo expansivo de reparto masivo y máximo del
producto. Este iguala los beneficios y tiene al Estado como administrador y árbitro, y no parece corresponder
al estado actual de la evolución del capitalismo. Es propio de los países industrializados, los que por la crisis
económica y financiera de sus sistemas previsionales, han tenido que modular las demandas, aumentar la
capacidad de ahorro, tratar de ligar el crecimiento económico con el financiamiento de las prestaciones, y,
disminuir en algunos casos su duración. El otro es un modelo de acumulación, que iguala las oportunidades,
que garantiza un mínimo y tiene al Estado como garante y fiscal. Este se corresponde con la exaltación de lo
individual y el concepto de mercado global. Parte del supuesto que el mercado funciona normalmente y no
requiere de antemano de la intervención de los actores, pero sí de una base material de servicios de acceso
universal, estableciendo una cobertura mínima de protección social. A lo largo de este documento
analizaremos a estos modelos, sus portadores y sus dificultades de transmisión.
Parto de la aseveración que el modelo de bienestar esta cuando menos paralizado y de la constatación que las
reformas en América Latina, han consistido en la modificación de las variables financieras exclusivamente,
por lo que siguiendo en este aspecto a Stiglitz y Orszag (1999) se piensa más en los medios que en los fines.
Así como el modelo de expansión del producto se encuentra en crisis, sostengo que los modelos financieros
están desvinculados de valores culturales (actitudes y comportamiento) y políticas macro (tasa de
remuneración del ahorro y nivel de ajuste de las prestaciones). Dichas reformas requieren además de
destinatarios preparados políticamente pero que no han trajinado su diseño; o no han sido tomados en cuenta.
Su participación constituiría desde luego un acto democrático para diferentes fines, como: La promoción de
programas preventivos, la organización de sistemas mutualistas, investigaciones sobre enfermedades
profesionales, administración de planes de ahorro, entrenamiento de personal, planes de empleo y salud, entre
otros, porque en definitiva; la seguridad social debe ser producto de un consenso sobre un plan de cobertura,
elaborado con las capacidades de todos.
Me propongo explicar las fases históricas de la previsión social en Venezuela y las dificultades que ha tenido
su construcción, tratando de responder las razones por las cuales la misma no encuentra espacio, pese a su
importancia y relevancia en los últimos años en el foro político.
2. El debate político-social sobre los mecanismos de garantía de las necesidades sociales
2.1. Contexto Nacional del Debate
Una primera constatación es la desvinculación sindical del tema de la seguridad social en una coyuntura
verdaderamente crítica para el movimiento. El referendo de diciembre del 2000 puede calificarse como una
operación política ofensiva del Ejecutivo para sustituir a la dirigencia sindical de la confederación
mayoritaria, la CTV. El referendo era el intento, fallido hasta ahora, de establecer relaciones neo-corporativas,
aunque sin un plan definido de más largo aliento, al menos conocido y sobretodo operativo para enfrentar las
necesidades sociales que superan con creces los problemas de naturaleza sindical. La consulta fracasó, a decir
por sus resultados, sólo un 3% de participación de los electores.
La convocatoria fue cuestionada en el ámbito académico y desde luego en el sindical, por ser violatoria de la
Constitución y convenios internacionales relativos a la libertad sindical, el 87 y el 98 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Aparte, dos miembros de la junta directiva del Consejo Nacional Electoral
(CNE) renunciaron y otros dos votaron en contra del referendo, se solicitaron amparos judiciales y la Fiscalía
y Defensoría del Pueblo, demandaron la inconstitucionalidad de la convocatoria.
El resultado legal pero ilegítimo de la consulta decembrina fue un atajo, cuyo resultado erosionó mucho al
gobierno. El dominio de todas las piezas públicas y en cualquier nivel, hace que el piso de realizaciones
gubernamentales sufra de muchas fugas de eficacia, como observaremos insistentemente a lo largo de este
manuscrito, a lo que se agregan derrotas políticas tan innecesarias como inútiles: Una huelga petrolera tuvo
efectos contrarios al esperado en los predios gubernamentales, resucitando a una CTV muy deslegitimada
cuyo cuerpo directivo decidió renunciar, sustituido por una mesa amplia de conducción sindical que intentó
en última instancia, una salida de sobrevivencia política, convocando un proceso electoral autónomo. Era
claro el distanciamiento y la agenda de cada actor.
Ahora bien, el resultado esta a la vista, se ordenaba vía referendo una relegitimación de la estructura sindical
en 180 días. El oficialismo procuraba una asamblea constituyente de trabajadores para hacerse del poder,
aprovechando el control político de todas las demás instancias, electoral y judicial incluidas, para luego
convocar las elecciones a todos los niveles, al revés del proyecto de la CTV que sumaba sus viejas tendencias
partidarias y nuevas, como el autodenominado Nuevo Sindicalismo, alimentado políticamente por el partido
Causa Radical, críticos históricos de la confederación y que nacidos del movimiento matancero, caracterizado
por una dirigencia distinta a la tradicional, recién salían triunfantes en el conflicto con la privatizada
Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) en mayo de 2001, y en alianza con su otrora opositora, proponían la
unificación de los sectores por actividad y no en una sola central, como era la intención de la oficialista
Fuerza Bolivariana de Trabajadores, FBT, la que deseaba la intervención del Consejo Nacional Electoral
(CNE), lo que las otras tendencias criticaban, limitándolo a un apoyo técnico solamente, como asistente del
proceso eleccionario.
El organismo electoral, sin embargo, tenía competencia constitucional en la materia de conformidad con el
artículo 293, ordinal 7, y su disposición transitoria octava (aunque tales normas eran violatorias de los
convenios OIT y de la misma Constitución), aparte, el resultado refrendario lo obligaba a levantar una base de
datos para confeccionar el registro de votantes para los comicios previstos inicialmente para el mes de mayo
de 20013.
La Asamblea Sindical Constituyente en tanto, no tenía contenido sustantivo sino meramente instrumental:
Organizar una sola central de trabajadores, pero sin asumir cuestionamientos más allá de la dirigencia a la que
pretendía desplazar. Era un movimiento oficialista amarrado al Estado. El FBT sostenía en cambio en su
defensa que de la asamblea surgiría un liderazgo colectivo laboral4.
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